¿Podemos creer en el fin del dumping fiscal europeo?
El proyecto comunitario ha cosechado innumerables bondades desde sus primeros andares a finales de la década de los 50, entre los que cabe subrayar la formación del mercado común con todas las libertades (formales…) que implican: libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Otro asunto menos legítimo ha sido el modo en el que se han ido trazando los avances, caracterizado por un capricho político en detrimento del propio dictamen socio-económico de la realidad (el euro es un claro ejemplo).
Recientemente la Comisión Europea ha presentado un proyecto para armonizar y consolidar el impuesto de sociedades en el perímetro de los 27 países. La intención subyacente es clarividente: hasta el momento las empresas han ideado un puzzle complejo para tributar principalmente en los países con baja presión fiscal (Irlanda, Holanda…), lo cual perjudica enormemente a los países que tienen un sistema fiscal con tasas altas en términos relativos (Francia, Alemania). No olvidemos que la UE es el caballo de Troya de los franceses y alemanes, por lo que la reorientación de la política fiscal tenía que venir tarde o temprano a la palestra mediática.
En líneas generales, las multinacionales arbitran entre los diversos sistemas fiscales nacionales a partir de los precios de venta intra-grupo de cara a potenciar la tributación de la filial que reside en el país con mayor laxitud fiscal. Y no podemos negarlo, es una clara manifestación de dumping en el concierto europeo, con las correlativas consecuencias negativas para las cuentas públicas de ciertos Estados (ejem, ejem).
La comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo se basa en los siguientes puntos:
- Armonizar el sistema de cálculo del beneficio empresarial objeto de tributación, es decir imponer un criterio común en el terreno de las amortizaciones, las deducciones fiscales…
- Permitir a las multinacionales europeas consolidar los beneficios del conjunto de sus filiales europeas, lo que acabaría traduciéndose en que las empresas podrán compensar las ganancias de las filiales excedentarias con las pérdidas de las deficitarias. Ese beneficio consolidado a nivel europeo se repartiría a continuación entre los países de la UE en función de 3 criterios: la fuente geográfica de las ventas, la de los trabajadores y la correspondiente al patrimonio inmovilizado. De este modo las empresas se verían coartadas, y difícilmente podrán manipular su distribución fiscal.
Pero como en toda política, acaban emergiendo perdedores (Irlanda, Holanda, Finlandia…) y ganadores (Francia, Alemania…). La dificultad de sacar a flote la proposición de la Comisión Europea radica en que las negociaciones en materia fiscal deben aprobarse por unanimidad del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo. Por lo que no resultará extraño observar un aumento de la presión mediática y política en el terreno. El riesgo sería que se aprobase la medida con un carácter puramente opcional para las empresas europeas lo cual denotaría una buena intención sobre papel mojado (consecuencia: la tinta se difumina…).
Primero fue la materia de la economía real (política agrícola, comercial, industrial, I+D, de transportes, energética, medio ambiente…), después le siguió la política monetaria y ahora la señal marca rumbo al marco fiscal. El peligro reside en la desaparición de los mecanismos de ajuste nacionales ante futuros shocks mundiales (ya sean de oferta como de demanda). Debemos decidir si fusionarnos (países de la UE) por completo propiciando el mayor número de sinergias posibles y explotación de economías de escala y de alcance, o de coordinarnos políticamente pero con un margen de autonomía nacional considerable. Un punto intermedio es, a mi modo de ver, la siembra de nuestra autoaniquilación (primero como naciones, y después como europeos).
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